Si finalmente hay sentencias judiciales que declaren culpables estos casos de enchufismo e ilegalidad manifiesta e intencionada, dichas sentencias deberían de contener sanciones ejemplares, acercándose de una vez por todas a la verdadera justicia social y subsanando el daño ocasionado por dichos políticos a la sociedad de Benidorm.
Tendrían que obligar a los políticos que los contrataron a devolver el dinero de la Administración Pública que les han pagado a los enchufados. No estaría mal tampoco inhabilitar de por vida al político que lo aprobó y a aquellos que lo apoyaron. Además de inhabilitarlo de por vida para ser elegido como cargo público también deberían impedirle trabajar más en la Administración Pública; habida cuenta de la incapacidad demostrada que tiene para tomar decisiones basadas en principios como la igualdad o la justicia, tan necesarios en la gestión diaria del dinero del ciudadano.
Estas situaciones de enchufismo son las que crean el desánimo social, generan malestar entre el personal del ayuntamiento y ayudan a percibir la desigualdad social existente entre los que tienen amigos en algún cargo y los que no. Estos casos muestran la diferencia de categoría entre los que tienen el carné de un partido y los que existimos como simples ciudadanos, trabajadores alejados de la política.
Son la causa de que los que somos autónomos o trabajadores, a los que nos cuesta muchísimo llegar a fin de mes, metamos a todos los políticos y a todos los funcionarios en el mismo saco y no valoremos su trabajo.
Muchos de estos políticos se esconden tras las siglas de un partido al que ni representan, y sólo están ahí por puro interés económico: sin proyectos, sin ilusiones, sin objetivos…y, muchas veces, sin preparación.
Es por ello que en política municipal las personas son más importantes que los propios partidos políticos. La cercanía con el ciudadano en estos casos no se demuestra con palabras, ni con saludos, sino con políticas justas, objetivas, neutrales e imparciales.
Por favor, que alguien nos devuelva la ilusión por seguir creyendo en los principios y valores de los que estimamos la función pública porque, sino, puede ser que este sistema ya esté viciado para siempre.
